.png)
Ya está publicada la ley de la vivienda en el BOE. Una parte de su articulado es de aplicación desde hoy mismo y otros a partir del momento en que el MITMA publique cuáles son las áreas de mercado tenso según la solicitud de las distintas administraciones competentes. Estas últimas medidas no se aplicarán en todo el territorio, dependerá en muchos casos del partido político que gobierne en cada una de ellas.
Es una ley que nace sin el consenso del sector: Administradores, API’s, constructores, promotores y asociaciones de propietarios, pero como en otras ocasiones la aceptamos y la aplicaremos de forma rigurosa tal y como hemos hecho anteriormente con otras normativas.
Uno de los puntos más polémicos de la ley es la limitación de los precios de alquiler, que afecta a cualquier tipo de propietario. Sobre todo y en mayor medida perjudica al gran tenedor, que es quien tiene más de 10 pisos y que, en algunos casos, este límite se puede rebajar a 5 o más viviendas. Para el cómputo del número de viviendas se tiene en cuenta cualquier vivienda: domicilio habitual, segunda residencia, un piso que un hijo hace uso...
En Catalunya no hace mucho pero en otros países europeos y en los EE.UU. ya se han aplicado medidas de limitación de rentas y los resultados han sido muy parecidos y perjudiciales: subida de precios, disminución de oferta, mínima inversión en la rehabilitación de viviendas, proceso de selección de arrendatarios muy riguroso, mercado negro... En la ley no hay una sola medida orientada a crear nueva oferta de vivienda de alquiler. Este es el verdadero problema: la falta de producto en el mercado.
A simple vista puede parecer que es una medida que beneficia al inquilino, pero en breve se verá que no es así. Encontrar un piso de alquiler será muy difícil y solo accederán aquellas personas que tengan un elevado nivel de ingresos, quedándose al margen los más necesitados. El filtro que harán los propietarios será muy exigente. Con la nueva ley los procesos de desahucio se alargarán y el propietario tendrá que estar muy seguro de la solvencia y de las garantías aportadas por el arrendatario.
Está muy bien dar protección, información y transparencia al consumidor en la hora de alquilar una vivienda. De cara al propietario es necesario garantizarle protección jurídica y no cambiar las reglas del juego cada dos por tres, puesto que genera desconfianza, no incentiva la inversión y hace que muchos propietarios vendan y decidan invertir en otros mercados.
Anterior